El experto admitió que puede haber funcionarios que se hagan de la vista gorda ante acciones que van en contra de la conservación, pero la mayoría trabaja con el objetivo de proteger la biodiversidad que tiene el país.
En el caso específico de Las Crucitas, dijo que el gobierno a través de Cancillería está ejerciendo alguna influencia o protesta ante esta intención, y están a la espera de que Costa Rica reaccione.
“Me imagino que ambos procesos están siendo llevados a cabo para ver si revierte la situación, y se convence al gobierno de Costa Rica a detener esta acción. Tengo entendido que hay presiones para que la Sala IV no falle a favor de la empresa minera, ya que perjudicaría las aguas del Río San Juan”, expresó Incer.
Justicia a favor del ambiente
Ante la declaración del presidente tico, Oscar Arias, de declarar de “interés público y conveniencia nacional el proyecto aurífero de Las Crucitas”, Incer expuso que el mandatario se ha lavado las manos, argumentando que ese proyecto ya estaba desde gobierno anteriores.“Eso no quiere decir que no pueda revertir esa situación, o bien, establecer parámetros rigurosos que establezcan que los desechos de minas puedan ser tratados de tal manera que resulten inocuos una vez que los ríos y quebradas acarreen los metales que se usan en la mina, especialmente el cianuro y el arsénico”, dijo.
En cuanto a Bosawás, Incer expresó que las autoridades judiciales deben hacer un planteamiento firme para frenar la invasión en la Reserva. Se debe tratar como una propiedad privada y se debe respetar el área destinada, ya que tiene una importancia regional.
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