El organismo expone cómo las víctimas son amenazadas e intimidadas por sus agresores, que no ven la posibilidad de denunciar el delito y ponerse a salvo. La mayoría carece de acceso a información sobre los delitos sexuales o sobre cómo buscar ayuda.
El informe destaca a través de testimonios de sobrevivientes de este delito (violación), sobre todo cometido en contra de niñas, que frecuentemente no sale a la luz hasta que se produce un embarazo.
El informe también denuncia que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha dejado a las niñas víctimas de violación sin la debida protección.
Amnistía Internacional plantea en su informe que “la magnitud del problema exige una respuesta decisiva, integrada y coordinada de las autoridades”. Sin embargo, indica, las autoridades gubernamentales no han establecido un plan nacional integrado para prevenir la violencia sexual y para proteger y respaldar a las sobrevivientes. El plan más reciente para combatir la violencia contra niñas y niños en Nicaragua se elaboró en 2001 y su duración estaba prevista hasta 2006. Hasta ahora no existe ningún nuevo plan para la prevención del abuso sexual.
“Durante demasiado tiempo las voces y el sufrimiento de las sobrevivientes de violación y violencia sexual han sido sofocados por quienes ocupan el poder, quienes deciden el destino de estas sobrevivientes sin tener en cuenta sus esperanzas y miedos”, refiere Amnistía Internacional.
Este informe examina cómo los derechos humanos de los niños y, especialmente, las niñas son violados cuando el Estado incumple su deber de proteger a las víctimas frente a la violencia a manos de miembros de sus propias familias y comunidades.
El informe se basa en entrevistas llevadas a cabo por Amnistía Internacional en Nicaragua durante 2008, 2009 y 2010. Entre las más de 130 personas entrevistadas había 35 niñas y jóvenes de entre 10 y 20 años que habían sido violadas, un niño de 7 años también violado, y 10 madres de sobrevivientes de violación.
El informe indica que en el caso de las menores que quedan embarazadas y desean continuar con el embarazo, no reciben el apoyo necesario para reencauzar su vida continuando con su educación o volviendo al trabajo, si así lo desean.
Así como en el caso de “aquellas para las que el embarazo supone un peligro para su vida o su salud, o que no desean llevarlo adelante, ya no pueden acceder a servicios de aborto seguros y legales. Desde 2006, en Nicaragua se han prohibido todos los abortos, incluso para las mujeres y niñas que han sido violadas o cuya vida corre peligro”, apunta ese organismo.
DEMANDAN CESE VIOLENCIA
El informe de Amnistía Internacional fue conocido ayer, fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el cual en Managua fue celebrado con una marcha promovida por la Red de Mujeres Contra la Violencia, durante la cual esa organización demandó castigo para los agresores.
La Red de Mujeres contra la Violencia demandó procesos judiciales oportunos, ágiles y justos. Al igual que se ponga “alto al tráfico de influencias en los procesos judiciales que deja en libertad a asesinos de mujeres, agresores y violadores”.Leer mas aqui
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