La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sostuvo que su gobierno unilateralmente no podía revocar un decreto que declaró de interés público a Las Crucitas o eliminar permisos ambientales, tal y como se lo solicitaron grupos ecologistas que se oponen al proyecto minero que se desarrollaría en una zona cercana al río San Juan, de Nicaragua.
Los ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica han advertido que el río San Juan sería contaminado por el proyecto minero Las Crucitas, que se desarrollaría en suelo tico.
Los Jóvenes del Movimiento Juvenil Nacional se preocupan por el ´´Daño que le puede causar este Proyecto Minero tico a nuestro Rio San Juan de Nicaragua´´ Tambien Nos preocupamos por la tala de bosques que han deborado para este proyecto y puede que se ponga en riesgo los arboles de la riveras del Rio San Juan.
Los Jóvenes del Movimiento Juvenil Nacional se preocupan por el ´´Daño que le puede causar este Proyecto Minero tico a nuestro Rio San Juan de Nicaragua´´ Tambien Nos preocupamos por la tala de bosques que han deborado para este proyecto y puede que se ponga en riesgo los arboles de la riveras del Rio San Juan.
“Nosotros hemos manejado esto con mucha seriedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tuvimos algunas sugerencias de que actuáramos de manera unilateral, nosotros no podíamos necesariamente exponernos a un manejo unilateral del tema, precisamente previendo futuras demandas al estado costarricense”, declaró la presidenta Chinchilla.
El Tribunal Contencioso Administrativo falló recientemente en contra del Estado y la empresa canadiense Industrias Infinito, eliminando la concesión de viabilidad ambiental para extraer oro en La Crucitas a la empresa canadiense Industrias Infinito.
También el Tribunal eliminó el decreto ejecutivo de hace dos años que declaró de interés público la minería y ordenó a las partes condenadas al pago de daños ambientales por bosque talado en el proyecto.
El bosque se taló a raíz del decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional la mina. El decreto fue firmado por el entonces presidente Oscar Arias —del Partido Liberación Nacional, al mismo que pertenece Chinchilla— y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles, a quienes la Fiscalía investiga por prevaricato porque supuestamente se saltaron procedimientos de ley.
Grupos ambientalistas realizaron marchas, huelgas de hambre y múltiples actividades para solicitarle a Chinchilla que derogara el decreto minero, pero no lograron el objetivo hasta que falló el Tribunal.
“(Ahora) es una cosa muy distinta, el Ejecutivo hubiese decidido de manera unilateral (eliminar el decreto) sobre la base de un criterio político, a que ahora tengamos sentencia judicial que falló sobre el caso”, justificó Chinchilla.
La empresa canadiense analiza si apelará el fallo o busca un arbitraje internacional para que el estado costarricense le indemnice por unos 1,350 millones de dólares, tras el fallo adverso que debe ser refrendado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
NO DESCARTA INDEMNIZACIÓN
“Cualquiera que sea la vía, ya sea que se vaya esto a nivel de apelación o que se vaya esto por la vía de un arbitraje internacional, nosotros no podemos evitarlo. Lo que sí nos corresponde es defender obviamente los intereses del Estado. Y si se nos mete una demanda por indemnización, procurar que ésa sea la menor (cantidad de dinero) posible”, finalizó la mandataria.
Según los jueces del Tribunal, la viabilidad ambiental otorgada a Industrias Infinito por el Estado, a pesar de haber una moratoria contra la minería a cielo abierto, hace pensar que hubo concurrencia de voluntades para que de cualquier manera se realizara el proyecto.
El Ministerio Público decidiría esta semana si acusa penalmente al ex presidente Oscar Arias y a varios funcionarios públicos responsables de emitir un decreto que declaró de interés público la minería Las Crucitas.
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